AMPLIACIÓN DEL CANAL
ACP recibe apoyo de varios gremios
DEIVIS CERRUD
La Cámara de Comercio y el Conep piden que se atienda el contrato. La ACP se refirió al litigio que acaricia el traslado de las compuertas
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| PROYECTO. La ampliación del Canal de Panamá está prevista para finalizar en junio de 2015. Foto: Adriano Duff | La Estrella |
2013-12-24 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La ampliación del Canal de Panamá —una obra de $3,200 millones— navega por una serie de escollos.
En la ventana del mundo se asoman unos problemas que ponen en duda la entrega del proyecto en junio de 2015, por parte del consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).
A mediados de noviembre pasado, específicamente el día 18, comenzó la vorágine canalera cuando Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), habló en la televisión de un proceso por ‘posibles irregularidades administrativas’ contra el exdirectivo canalero Rodolfo Sabonge.
Por divulgar —desde su casa— información confidencial y reservada sobre una investigación del fiscalizador general de la ACP, Antonio Domínguez, —vedada en la Ley Orgánica de 19 de 1997— la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá presentó una queja por faltas a la ética el martes 26 de noviembre.
La trama está envuelta en un puerto de Corozal, del que Sabonge dio viabilidad y Castillo estaría en contra por chocar con los intereses de Panama Ports Company (PPC), empresa con la que tiene vínculos comerciales en el puerto de Balboa.
INSTITUCIONALIDAD
Entre finales de noviembre y principios de diciembre la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe y la organización sindical Panama Area Metal Trades Council solicitaron respeto a la autonomía de la ACP y denunciaron ‘injerencias que amenazan’ el funcionamiento de la vía.
Luego, el 10 de diciembre, en un programa de televisión nocturno y al día siguiente en un acto en Gamboa, Jorge Luis Quijano, administrador de la vía acuática, confirmó las presiones de GUPC, que reclama $580 millones y ahora $800 millones más para terminar la obra. ‘Ahora mismo están tratando de forzarnos el brazo’, adujo.
Agregó que el consorcio no ha sustentado los montos y busca llegar a acuerdos, fuera del contrato firmado con la ACP, postura que fue negada por GUPC en un comunicado, el 17 de diciembre, tras un largo silencio.
Con este panorama, el pasado jueves la compañía Geodis Willson Italia SPA, que trasladó el primer grupo de compuertas desde Italia hasta Panamá, presentó una demanda en el Tribunal Marítimo de Panamá por el pago por sus servicios a Cimolai SPA.
Esta última es fabricante de las compuertas y fue subcontratada por GUPC para armar las megaestructuras.
En la demanda solicita el secuestro de las compuertas para las esclusas o el pago de $47 millones 850 mil 785 con 50 centésimos.
PIDEN RESPETO A CONTRATO
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió ayer que no se permitan acciones de presión por parte del consorcio GUPC y entes externos tanto a nivel nacional como internacional.
Sobre el litigio de las compuertas, añade que Panamá no puede estar dando esa imagen a nivel mundial de una situación de un mal manejo económico.
‘Que se complete el proyecto en el menor término de tiempo posible y el menor costo’, señala Gabriel Diez, presidente del grupo.
Al igual que el Conep, la Cámara de Comercio reclama el respeto de los contratos.
La agrupación sostiene que cualquier diferencia que se presente en el proyecto de ampliación del Canal debe manejarse ‘conforme a los mecanismos de solución de conflictos establecidos en sus contratos’.
José Luis Ford, presidente de la Cámara, exhorta a todos los proveedores a atender las necesidades de esta obra por la importancia que tiene para todos.
Días atrás, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa planteó que frente a ‘‘interferencias y presiones de ciertos sectores’’, los panameños debemos blindar al Canal.
ACP SE PRONUNCIA
La ACP espera que GUPC cumpla el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
‘Los desacuerdos entre GUPC y sus subcontratistas deben ser resueltos de manera tal que no se afecten los términos pactados’.
La entidad aduce que mantiene un seguimiento riguroso a todos los requisitos contractuales.
En la ventana del mundo se asoman unos problemas que ponen en duda la entrega del proyecto en junio de 2015, por parte del consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).
A mediados de noviembre pasado, específicamente el día 18, comenzó la vorágine canalera cuando Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), habló en la televisión de un proceso por ‘posibles irregularidades administrativas’ contra el exdirectivo canalero Rodolfo Sabonge.
Por divulgar —desde su casa— información confidencial y reservada sobre una investigación del fiscalizador general de la ACP, Antonio Domínguez, —vedada en la Ley Orgánica de 19 de 1997— la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá presentó una queja por faltas a la ética el martes 26 de noviembre.
La trama está envuelta en un puerto de Corozal, del que Sabonge dio viabilidad y Castillo estaría en contra por chocar con los intereses de Panama Ports Company (PPC), empresa con la que tiene vínculos comerciales en el puerto de Balboa.
INSTITUCIONALIDAD
Entre finales de noviembre y principios de diciembre la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe y la organización sindical Panama Area Metal Trades Council solicitaron respeto a la autonomía de la ACP y denunciaron ‘injerencias que amenazan’ el funcionamiento de la vía.
Luego, el 10 de diciembre, en un programa de televisión nocturno y al día siguiente en un acto en Gamboa, Jorge Luis Quijano, administrador de la vía acuática, confirmó las presiones de GUPC, que reclama $580 millones y ahora $800 millones más para terminar la obra. ‘Ahora mismo están tratando de forzarnos el brazo’, adujo.
Agregó que el consorcio no ha sustentado los montos y busca llegar a acuerdos, fuera del contrato firmado con la ACP, postura que fue negada por GUPC en un comunicado, el 17 de diciembre, tras un largo silencio.
Con este panorama, el pasado jueves la compañía Geodis Willson Italia SPA, que trasladó el primer grupo de compuertas desde Italia hasta Panamá, presentó una demanda en el Tribunal Marítimo de Panamá por el pago por sus servicios a Cimolai SPA.
Esta última es fabricante de las compuertas y fue subcontratada por GUPC para armar las megaestructuras.
En la demanda solicita el secuestro de las compuertas para las esclusas o el pago de $47 millones 850 mil 785 con 50 centésimos.
PIDEN RESPETO A CONTRATO
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió ayer que no se permitan acciones de presión por parte del consorcio GUPC y entes externos tanto a nivel nacional como internacional.
Sobre el litigio de las compuertas, añade que Panamá no puede estar dando esa imagen a nivel mundial de una situación de un mal manejo económico.
‘Que se complete el proyecto en el menor término de tiempo posible y el menor costo’, señala Gabriel Diez, presidente del grupo.
Al igual que el Conep, la Cámara de Comercio reclama el respeto de los contratos.
La agrupación sostiene que cualquier diferencia que se presente en el proyecto de ampliación del Canal debe manejarse ‘conforme a los mecanismos de solución de conflictos establecidos en sus contratos’.
José Luis Ford, presidente de la Cámara, exhorta a todos los proveedores a atender las necesidades de esta obra por la importancia que tiene para todos.
Días atrás, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa planteó que frente a ‘‘interferencias y presiones de ciertos sectores’’, los panameños debemos blindar al Canal.
ACP SE PRONUNCIA
La ACP espera que GUPC cumpla el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
‘Los desacuerdos entre GUPC y sus subcontratistas deben ser resueltos de manera tal que no se afecten los términos pactados’.
La entidad aduce que mantiene un seguimiento riguroso a todos los requisitos contractuales.
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