Save the Cruces Trail and Panama Canal Watershed, salvar el Camino de Cruces y cuenca del Canal de Panama. Protect Gatún Lake from saltwater intrusion, pollution and environmental catastrophe through use of safer, more efficient lock configuration, which does not create unnecessary risks to the Panama Canal system unlike the selected one for the current expansion plan, does not require building on top of active fault lines, and expose marine creatures in both oceans to extinction.
Wednesday, December 25, 2013
Monday, December 23, 2013
ACP recibe apoyo de varios gremios - La Estrella
AMPLIACIÓN DEL CANAL
ACP recibe apoyo de varios gremios
DEIVIS CERRUD
La Cámara de Comercio y el Conep piden que se atienda el contrato. La ACP se refirió al litigio que acaricia el traslado de las compuertas
PROYECTO. La ampliación del Canal de Panamá está prevista para finalizar en junio de 2015. Foto: Adriano Duff | La Estrella |
2013-12-24 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. La ampliación del Canal de Panamá —una obra de $3,200 millones— navega por una serie de escollos.
En la ventana del mundo se asoman unos problemas que ponen en duda la entrega del proyecto en junio de 2015, por parte del consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).
A mediados de noviembre pasado, específicamente el día 18, comenzó la vorágine canalera cuando Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), habló en la televisión de un proceso por ‘posibles irregularidades administrativas’ contra el exdirectivo canalero Rodolfo Sabonge.
Por divulgar —desde su casa— información confidencial y reservada sobre una investigación del fiscalizador general de la ACP, Antonio Domínguez, —vedada en la Ley Orgánica de 19 de 1997— la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá presentó una queja por faltas a la ética el martes 26 de noviembre.
La trama está envuelta en un puerto de Corozal, del que Sabonge dio viabilidad y Castillo estaría en contra por chocar con los intereses de Panama Ports Company (PPC), empresa con la que tiene vínculos comerciales en el puerto de Balboa.
INSTITUCIONALIDAD
Entre finales de noviembre y principios de diciembre la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe y la organización sindical Panama Area Metal Trades Council solicitaron respeto a la autonomía de la ACP y denunciaron ‘injerencias que amenazan’ el funcionamiento de la vía.
Luego, el 10 de diciembre, en un programa de televisión nocturno y al día siguiente en un acto en Gamboa, Jorge Luis Quijano, administrador de la vía acuática, confirmó las presiones de GUPC, que reclama $580 millones y ahora $800 millones más para terminar la obra. ‘Ahora mismo están tratando de forzarnos el brazo’, adujo.
Agregó que el consorcio no ha sustentado los montos y busca llegar a acuerdos, fuera del contrato firmado con la ACP, postura que fue negada por GUPC en un comunicado, el 17 de diciembre, tras un largo silencio.
Con este panorama, el pasado jueves la compañía Geodis Willson Italia SPA, que trasladó el primer grupo de compuertas desde Italia hasta Panamá, presentó una demanda en el Tribunal Marítimo de Panamá por el pago por sus servicios a Cimolai SPA.
Esta última es fabricante de las compuertas y fue subcontratada por GUPC para armar las megaestructuras.
En la demanda solicita el secuestro de las compuertas para las esclusas o el pago de $47 millones 850 mil 785 con 50 centésimos.
PIDEN RESPETO A CONTRATO
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió ayer que no se permitan acciones de presión por parte del consorcio GUPC y entes externos tanto a nivel nacional como internacional.
Sobre el litigio de las compuertas, añade que Panamá no puede estar dando esa imagen a nivel mundial de una situación de un mal manejo económico.
‘Que se complete el proyecto en el menor término de tiempo posible y el menor costo’, señala Gabriel Diez, presidente del grupo.
Al igual que el Conep, la Cámara de Comercio reclama el respeto de los contratos.
La agrupación sostiene que cualquier diferencia que se presente en el proyecto de ampliación del Canal debe manejarse ‘conforme a los mecanismos de solución de conflictos establecidos en sus contratos’.
José Luis Ford, presidente de la Cámara, exhorta a todos los proveedores a atender las necesidades de esta obra por la importancia que tiene para todos.
Días atrás, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa planteó que frente a ‘‘interferencias y presiones de ciertos sectores’’, los panameños debemos blindar al Canal.
ACP SE PRONUNCIA
La ACP espera que GUPC cumpla el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
‘Los desacuerdos entre GUPC y sus subcontratistas deben ser resueltos de manera tal que no se afecten los términos pactados’.
La entidad aduce que mantiene un seguimiento riguroso a todos los requisitos contractuales.
En la ventana del mundo se asoman unos problemas que ponen en duda la entrega del proyecto en junio de 2015, por parte del consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC).
A mediados de noviembre pasado, específicamente el día 18, comenzó la vorágine canalera cuando Lourdes Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), habló en la televisión de un proceso por ‘posibles irregularidades administrativas’ contra el exdirectivo canalero Rodolfo Sabonge.
Por divulgar —desde su casa— información confidencial y reservada sobre una investigación del fiscalizador general de la ACP, Antonio Domínguez, —vedada en la Ley Orgánica de 19 de 1997— la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá presentó una queja por faltas a la ética el martes 26 de noviembre.
La trama está envuelta en un puerto de Corozal, del que Sabonge dio viabilidad y Castillo estaría en contra por chocar con los intereses de Panama Ports Company (PPC), empresa con la que tiene vínculos comerciales en el puerto de Balboa.
INSTITUCIONALIDAD
Entre finales de noviembre y principios de diciembre la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe y la organización sindical Panama Area Metal Trades Council solicitaron respeto a la autonomía de la ACP y denunciaron ‘injerencias que amenazan’ el funcionamiento de la vía.
Luego, el 10 de diciembre, en un programa de televisión nocturno y al día siguiente en un acto en Gamboa, Jorge Luis Quijano, administrador de la vía acuática, confirmó las presiones de GUPC, que reclama $580 millones y ahora $800 millones más para terminar la obra. ‘Ahora mismo están tratando de forzarnos el brazo’, adujo.
Agregó que el consorcio no ha sustentado los montos y busca llegar a acuerdos, fuera del contrato firmado con la ACP, postura que fue negada por GUPC en un comunicado, el 17 de diciembre, tras un largo silencio.
Con este panorama, el pasado jueves la compañía Geodis Willson Italia SPA, que trasladó el primer grupo de compuertas desde Italia hasta Panamá, presentó una demanda en el Tribunal Marítimo de Panamá por el pago por sus servicios a Cimolai SPA.
Esta última es fabricante de las compuertas y fue subcontratada por GUPC para armar las megaestructuras.
En la demanda solicita el secuestro de las compuertas para las esclusas o el pago de $47 millones 850 mil 785 con 50 centésimos.
PIDEN RESPETO A CONTRATO
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió ayer que no se permitan acciones de presión por parte del consorcio GUPC y entes externos tanto a nivel nacional como internacional.
Sobre el litigio de las compuertas, añade que Panamá no puede estar dando esa imagen a nivel mundial de una situación de un mal manejo económico.
‘Que se complete el proyecto en el menor término de tiempo posible y el menor costo’, señala Gabriel Diez, presidente del grupo.
Al igual que el Conep, la Cámara de Comercio reclama el respeto de los contratos.
La agrupación sostiene que cualquier diferencia que se presente en el proyecto de ampliación del Canal debe manejarse ‘conforme a los mecanismos de solución de conflictos establecidos en sus contratos’.
José Luis Ford, presidente de la Cámara, exhorta a todos los proveedores a atender las necesidades de esta obra por la importancia que tiene para todos.
Días atrás, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa planteó que frente a ‘‘interferencias y presiones de ciertos sectores’’, los panameños debemos blindar al Canal.
ACP SE PRONUNCIA
La ACP espera que GUPC cumpla el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
‘Los desacuerdos entre GUPC y sus subcontratistas deben ser resueltos de manera tal que no se afecten los términos pactados’.
La entidad aduce que mantiene un seguimiento riguroso a todos los requisitos contractuales.
Reclamo por traslado de las compuertas - La Estrella
DEMANDA EN EL TRIBUNAL MARÍTIMO
Reclamo por traslado de las compuertas
ALEXIS CHARRIS PALACIOS
Un litigio que podría atrasar los planes de entrega de la ampliación del Canal. Hay 47 millones de dólares en juego
TRAVESÍA. Las gigantescas compuertas viajaron durante 29 días por el Océano Atlántico. Foto: Joselevy Velásquez | La Estrella |
2013-12-23 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. El jueves 19 de diciembre fue presentada una demanda en el Tribunal Marítimo de Panamá. Se trata de un litigio entre la empresa que transportó las compuertas para el tercer juego de esclusas y su fabricante.
Entre las decenas de documentos que llegan a ese tribunal por día, este podría afectar y variar la historia de la navegación, del país y del comercio mundial.
La demanda en cuestión solicitó el secuestro de las compuertas para el tercer juego de esclusas o el pago de 47 millones 850 mil 785 dólares con 50 centésimos.
La acción la presentó la compañía Geodis Willson Italia SPA, que se ocupó del transporte del primer grupo de compuertas desde Trieste Italia, donde fueron fabricadas, hasta Gatún, en el lado atlántico del Canal de Panamá, donde las recibieron en un apoteósico acto en agosto pasado.
La empresa demandante reclama el pago por sus servicios a Cimolai SPA, fabricante de las compuertas, que fue subcontratada por el Grupo Unidos por el Canal, (GUPC) para armar las megaestructuras.
Una fuente reveló a La Estrella que se trata de una ‘demanda ordinaria marítima con secuestro’ y que tras ser presentada, por sorteo, se ubicó en el II Tribunal Marítimo que preside la jueza Gisela Arguto.
No obstante, Arguto está de licencia y su suplente tampoco está de servicio, por lo que la delicada responsabilidad de este caso quedó en manos del abogado Wilber Castillo, quien hasta ahora ocupa el cargo de secretario oficial en ese despacho judicial.
Castillo es descrito como un joven profesional que estudió derecho como su segunda carrera, tras haberse graduado antes de medicina. Llegó al área del derecho marítimo luego de hacer sus pininos legales en la Defensoría del Pueblo, donde entró como practicante.
Ahora por azar le queda en sus manos una histórica, trascendental y millonaria decisión.
Entre las decenas de documentos que llegan a ese tribunal por día, este podría afectar y variar la historia de la navegación, del país y del comercio mundial.
La demanda en cuestión solicitó el secuestro de las compuertas para el tercer juego de esclusas o el pago de 47 millones 850 mil 785 dólares con 50 centésimos.
La acción la presentó la compañía Geodis Willson Italia SPA, que se ocupó del transporte del primer grupo de compuertas desde Trieste Italia, donde fueron fabricadas, hasta Gatún, en el lado atlántico del Canal de Panamá, donde las recibieron en un apoteósico acto en agosto pasado.
La empresa demandante reclama el pago por sus servicios a Cimolai SPA, fabricante de las compuertas, que fue subcontratada por el Grupo Unidos por el Canal, (GUPC) para armar las megaestructuras.
Una fuente reveló a La Estrella que se trata de una ‘demanda ordinaria marítima con secuestro’ y que tras ser presentada, por sorteo, se ubicó en el II Tribunal Marítimo que preside la jueza Gisela Arguto.
No obstante, Arguto está de licencia y su suplente tampoco está de servicio, por lo que la delicada responsabilidad de este caso quedó en manos del abogado Wilber Castillo, quien hasta ahora ocupa el cargo de secretario oficial en ese despacho judicial.
Castillo es descrito como un joven profesional que estudió derecho como su segunda carrera, tras haberse graduado antes de medicina. Llegó al área del derecho marítimo luego de hacer sus pininos legales en la Defensoría del Pueblo, donde entró como practicante.
Ahora por azar le queda en sus manos una histórica, trascendental y millonaria decisión.
Litigio complica la Ampliación - La Estrella
PUGNA LEGAL POR LAS COMPUERTAS
Litigio complica la Ampliación
ALEXIS CHARRIS PALACIOS
La empresa que transportó las compuertas cobra su servicio en un tribunal. ¿Más retrasos?
2013-12-23 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. En el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá un expediente resalta entre los otros. El que contiene la demanda por 47 millones 850 mil 785 dólares que la empresa encargada de trasladar desde Italia las compuertas ha presentado contra el fabricante de estas estructuras.
Geodis Willson Italia SPA presentó el jueves una demanda marítima ordinaria con secuestro contra Cimolai SPA, también italiana. La primera trajo las compuertas durante 29 días por el Océano Atlántico y espera que Cimolai, que las fabricó, les pague.
Esta última fue subcontratada por el Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) para construir las compuertas.
Según una fuente, todo indica que la intención de Geodis Willson es impedir que se utilicen las compuertas hasta que reciba su pago por el servicio de traslado.
Geodis Willson Italia SPA presentó el jueves una demanda marítima ordinaria con secuestro contra Cimolai SPA, también italiana. La primera trajo las compuertas durante 29 días por el Océano Atlántico y espera que Cimolai, que las fabricó, les pague.
Esta última fue subcontratada por el Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) para construir las compuertas.
Según una fuente, todo indica que la intención de Geodis Willson es impedir que se utilicen las compuertas hasta que reciba su pago por el servicio de traslado.
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Saturday, December 14, 2013
Nicaragua in thrall of Ortega's canal dream
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MANAGUA, Nicaragua (AP) — Six months after the Sandinista government granted a Chinese businessman a 100-year concession to build a vast canal across Nicaragua, most of the nation is in the thrall of the imagined waterway.
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- Nicaragua canal promoter to build Ukraine portsAssociated Press
In the capital, Nicaraguans snap photographs of the plaster Virgin Mary perched on an altar against the backdrop of a supertanker traversing the country's biggest lake. "Virgin Mary, bless the great trans-ocean canal!" declares the government-sponsored invocation behind her.
From boardrooms in the capital to hamlets where goods move by horse cart, Nicaraguans say they are confident the $40 billion canal will become reality, lifting their country from poverty to prosperity. The national university system announced this summer that it will create majors in metallurgy and port management, as well as Chinese language classes, in service of the canal.
Warnings by legal and environmental experts that the waterway is economically unfeasible, ecologically risky and a bad deal for Nicaragua are virtually unheard in a country where President Daniel Ortega has consolidated control of every major state institution, as well as much of the media. Opposition charges that Ortega is conjuring a canal to win support for unlimited re-election are falling on deaf ears.
"The inter-ocean canal will mean great growth for Nicaragua, for the president and for the people too," Daniel Ellis, 19, an architecture student from the Atlantic coast said as he posed by another government altar celebrating the waterway.
After three days of discussion in June, the National Assembly controlled by Ortega's Sandinista party approved giving Beijing-based telecommunications CEO Wang Jing a 50-year renewable concession to build a canal more than three times the length of the Panama Canal, as well as tax-free side projects including ports on Nicaragua's Pacific and Atlantic coasts, an oil pipeline bisecting the country, a cargo railway, two free-trade zones and an international airport.
The deal pays Nicaragua $10 million a year for 10 years and gradually transfers ownership to Nicaragua, handing over 100 percent after a century. But the payments and the transfer only begin if and when the canal begins operation. Under the agreement, Wang can skip building the canal altogether but plow ahead with the other projects.
Critics fear this will leave Wang with a host of lucrative tax-free enterprises, and Nicaragua without the centerpiece of the deal or revenue from what actually gets built.
"This is an astounding giveaway," said Noel Maurer, a Harvard Business School expert on Latin American development. "It's just kind of like here's a bunch of privileges, go build something."
"This is a worse deal than the original Panama Canal deal, which was not a good deal and not a deal that Panama voluntarily signed," Maurer said.
Manuel Coronel Kautz, a veteran Sandinista leader who manages Nicaragua's Great Inter-Oceanic Canal Authority, said the government was confident the canal would "generate an enormous number of jobs for an impoverished country."
Chief project adviser Bill Wild said Wang is spending large amounts of his own money to dispatch dozens of Chinese, Nicaraguan and Western experts around the country to conduct environmental and geological feasibility studies to be completed in coming months.
"He's not out there just to build these sub-projects," Wild said. "The canal is his vision, there's no doubt of that if you talk to the guy."
Wild said the heavily criticized canal concession was designed in good faith to fairly compensate Wang for taking a bold financial risk.
"People expect a reasonable return, a good return," Wild said. "The return for Nicaragua in my books comes from the social benefit that comes from the existence of the canal."
The legislation allows Wang to petition the state to confiscate any land needed. It requires him to pay owners the assessed value, but much of the property outside major cities has never been officially assessed, risking what private businesses fear could be a land grab for pennies on the dollar.
Nicaragua is required to compensate Wang for legal changes that delay the canal or cause it to lose money. Compensation can come from state coffers, including the reserves of the central bank, under a waiver of Nicaragua's sovereign immunity.
Many legal and environmental experts charge that the canal deal violates national sovereignty, and construction could cause profound ecological damage to this rugged nation of lakes, cloud-wreathed volcanoes and thick tropical forest, by damming rivers, splitting ecosystems and moving untold tons of earth.
"It's basically handing over the whole country — water, air and land, without any studies," said Luis Callejas, an opposition congressman who was invited to join a 10-day trip to China sponsored by Wang in October for a group of prominent Nicaraguan businessmen and politicians.
After he announced he would present Wang with a letter decrying the secrecy and constitutional violations of the canal concession process, Callejas did not receive the promised visa to China, and the group left without him. A Sandinista lawmaker who abstained from voting in favor of the canal law was ejected from the party's congressional caucus days later.
Wild said the canal would improve Nicaragua's environment, in large part because large-scale reforestation would be needed to guarantee water to the canal.
"What we're going to do will be an absolute positive for the environment," he said.
Environmentalists, academics and non-governmental organizations have filed dozens of challenges to the constitutionality of the canal deal. They expect that a Supreme Court dominated by allies of Ortega's party will dismiss the cases in coming months, removing the last legal barriers to what some portray as a gambit to burnish Ortega's popularity ahead of Nicaragua's 2016 presidential elections.
The Sandinistas last month proposed a set of constitutional changes that would allow Ortega to run for unlimited re-election. The reforms, approved Tuesday in the first of two required votes, would also write the canal laws into the constitution.
The canal is "a personal family project about President Ortega maintaining power through a megaproject that's generating illusions of profits among the people," said Manuel Ortega Hegg, a sociology professor at the Central American University in the capital, who is not related to the president.
Critics say that regardless of that happens in Nicaragua, global trade will not support a second Central American canal, particularly as the Panama Canal completes a massive expansion more than doubling the size of the ships it serves. Shipping experts say that the proposed canal, with an original price tag of $40 billion, would have to earn $1 billion annually to turn a profit, meaning it would have to immediately draw half of Panama's current ship traffic.
And the construction costs may be climbing. Cesar Zamora, a power company executive who traveled to China in October, said Wang Jing's company informed the group that the estimated price of the canal already has risen to $50 billion because of unspecified environmental costs.
"What Daniel Ortega is doing is selling dreams to Nicaraguans," said Francisco Aguirre Sacasa, who served as ambassador to Washington and as foreign minister before Ortega returned to power in 2011. "I would love it if Nicaragua had a canal but I just don't see it in the cards right now."
Wang and other Nicaraguan canal boosters say they are confident there is demand for a waterway accommodating larger ships than even the expanded Panama Canal.
"There seems to be a very strong business case," Wild said. "I've seen nothing that changes my view that world trade can handle another canal."
Nicaragua was long considered a site for a trans-ocean canal, coming under repeated consideration by the U.S. in the 19th century before Washington decided on Panama. Nicaragua has watched enviously as the Panama Canal fueled growth virtually unmatched in the region, as Nicaragua struggles to move 40 percent of its 6 million people out of poverty.
Ortega's advisers have projected construction on the canal could begin next year and take five or six years to complete. They say it could more than triple Nicaragua's roughly 5 percent growth rate by 2015 and double its $10 billion GDP by 2018.
Advocates say complaints about the terms of the concession are motivated by opposition to Ortega, who has been pushing to bring private investment to the country despite his leftist roots. That push has become more urgent in the face of waning aid from Venezuela, a socialist patron facing its own economic struggles.
"This is a project that's been waiting for centuries and that's why we're interested in doing it as soon as possible," said Edwin Castro, a ruling-party congressman who voted for the canal concession law. "There's no unconstitutionality. It's political attacks from those who don't want Nicaragua to move forward."
Wang's previous venture, the telecommunications company Xinwei, has boasted it has orchestrated an array of deals worth more than $5 billion over the last three years but an examination of those claims by The Associated Press showed that Xinwei's promises to build revolutionary new telecom networks had yet to materialize and deals with local partners were marred by false starts and poor performance.
Wang, who announced last week he will spearhead a $3 billion joint venture to construct a deep-water port and refurbish the Sevastopol port on Ukraine's Crimean Peninsula, has told the AP that he is proud of his record, and that his plans to raise $8 billion by year's end in the first phase of the canal's financing are going "smoothly."
Many in Nicaragua, from wealthy businessmen to struggling members of the working poor, care little about criticism of the canal, saying it will be worth all the government concessions if it brings badly needed jobs.
But there is deep concern in the hamlet of La Virgen, a string of several dozen well-kept homes clustered along the shores of Lake Nicaragua near the mouth of the Lajas River, about two hours' south of the capital. It is a spot singled out on planning maps as a site where container ships would exit the enormous freshwater inland sea that covers much of western Nicaragua, and steam on toward the Pacific.
The town sits half a mile from the mouth of the river, a sandy crescent bay where hundreds of snow-white egrets preen and bathe in a silence broken only by the crash of waves against the shore and the rustling of trees along the riverbank.
On a recent afternoon, Rodolfo Molina, an 81-year-old retired mechanic, dried rice for storage, raking it onto a plastic sheet in front of the home where he has lived for 40 years.
He said it is almost certain he and his neighbors will be forced to relocate if the canal is built.
"It can bring jobs," he said, squinting into the sun, "but it also could bring trouble."
Back in the capital, Geomara Alvarez, a 27-year-old cell-phone accessory vendor wearing a rosary over her purple t-shirt and jeans, said her country's future lay in the construction of the canal.
"The canal will change the face of my country, my poor Nicaragua that has suffered so much," she said. "God wants it to be so."
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