published 22 Sept 2006 in El Panama America
"...nuestra nacionalidad nos llama a lograr una convergencia de los que somos, ante todo, panameños, con el propósito de enfrentarnos con nuestro No... "
Miguel Antonio Bernal CATEDRATICO TITULAR
EL PROYECTO de ampliación, en el fondo, ha resultado ser un enmascaramiento y una justificación de una dominación política. Tal vez por ello, encuentra entre sus más ardientes promotores a los protectores y defensores de la constitución militarista de 1972. Y por ello también, la ampliación al igual que dicha constitución, no suscita adhesión.
Los gestores del sí a la ampliación, no han querido darse por enterados que el ciudadano se siente persona -y no individuo- en la medida en que se le trate con justicia y equidad. Cosa que no hace ni el proyecto, ni las proyecciones del mismo, con todo y el abuso de propaganda a favor del sí. El pueblo siente la ACP por allá, alejada, nutriéndose exclusivamente de sus propias interconexiones e interpretaciones formales, sin haber penetrado en la entraña popular. La ampliación es la vía de los ricos que quieren hacerse más ricos, para poder así, hacer a los pobres más pobres.
Para ello es que han venido tejiendo su telaraña de engaños y han hecho de todo para impedir la cristalización de la facultad soberana del pueblo de darse su propio ordenamiento jurídico. Un ejemplo claro es la manipulación de la constitución para la ampliación. Veamos:
Al momento de legitimar la dictadura militar para negociar los tratados del Canal, la formula fue:
CONSTITUCION 1972 [ORIGINAL] Art. 274: Los tratados que celebre el Organo Ejecutivo sobre el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, lo mismo que para la construcción de un nuevo Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, se someterán a plebiscito nacional.
Al momento de pactar la dictadura con los partidos políticos y hacer creer que querían democratizar, la redacción varió:
CONSTITUCION DE 1972 [REFORMAS DE 1983] Art. 319: Los tratados o convenios internacionales que celebre el Organo Ejecutivo sobe el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, así como para la construcción de un nuevo Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Organo Legislativo, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa.
Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior.
Esta disposición se aplicará también a cualquier contrato que celebre el Organo Ejecutivo con alguna empresa o empresas particulares o pertenecientes a otro Estado o Estados, sobre la construcción de un Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas.
Pero, llegada la hora de la sumisión de la Constitución a la ampliación, no tuvieron el menor reparo de pactar (MAMI), y proceder al reacomodo por medio de una redacción acomodaticia y favorable a facilitarles el engaño que esperan poder cristalizar el próximo 22 de octubre, al igual que hace 29 años. Por eso la arci antidemocrática reforma de la Constitución hace un par de años:
CONSTITUCION DE 1972 [REFORMAS DE 2004] Art. 325: Los tratados o convenios internacionales que celebre el Organo Ejecutivo sobe el Canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de dicho Canal, así como para la construcción de un nuevo Canal a nivel del mar o de un tercer juego de esclusas, deberán ser aprobados por el Organo Legislativo, y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa.
Ninguna enmienda, reserva o entendimiento que se refiera a dichos tratados o convenios tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior.
Esta disposición se aplicará también a cualquier propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas o de un canal a nivel del mar por la ruta existente, que proponga realizar la Autoridad del Canal de Panamá, ya sea por administración o mediante contratos celebrados con alguna empresa o empresas privadas o pertenecientes a otro Estado o Estados. En estos casos se someterá a referéndum la propuesta de construcción, la cual deberá ser aprobada previamente por el Organo Ejecutivo y sometida al Organo Legislativo. También será sometido a referéndum cualquier proyecto sobre la construcción de un nuevo Canal.
No hace falta ser un letrado, ni constitucionalista para percatarse de lo que había detrás de la última reforma del artículo citado. Una vez más, nuestra nacionalidad nos llama a lograr una convergencia de los que somos, ante todo, panameños, con el propósito de enfrentarnos con nuestro No de la dignidad, a la frivolidad, a la insustancialidad, a la estrechez de miras de quienes se valen de la manipulación, la prepotencia, la inescrupulosidad y la corrupción para llevar -con la ampliación- la Patria hacia el despeñadero total, con tal de salvaguardar sus muy particulares intereses personalistas.
Save the Cruces Trail and Panama Canal Watershed, salvar el Camino de Cruces y cuenca del Canal de Panama. Protect Gatún Lake from saltwater intrusion, pollution and environmental catastrophe through use of safer, more efficient lock configuration, which does not create unnecessary risks to the Panama Canal system unlike the selected one for the current expansion plan, does not require building on top of active fault lines, and expose marine creatures in both oceans to extinction.
Friday, September 22, 2006
Saturday, September 09, 2006
El faro miope
Here Dr. Bernal questions the exclusive use by the “SI” camp of the ACP periodical El Faro, leaving no room for healthy debate of this vital national issue, and in the process infringing our "human rights" and "freedom of expression".
Panamá América. Viernes 8 de septiembre de 2006
El faro miope
"La ACP, a través de El Faro, está violando nuestros derechos consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana deDerechos Humanos".
Miguel Antonio Bernal
ES UN hecho público y notorio que la publicación El Faroes de uso exclusivo de los partidarios del Sí al referendo, en flagranteviolación a los principios rectores de la libertad de expresión y al derechode información. Es en defensa de dichos principios, que he hecho llegar unacarta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos Ignacio Alvarez (ialvarez@oas.org), lacual comparto con ustedes.
"... El motivo de mi misiva es para denunciar un hechoimportante y reiterado que atenta contra la libertad de expresión en laRepública de Panamá.
Como preámbulo a los hechos, debo indicar que en nuestropaís se vive un ambiente político agitado, desde que se inició la difusiónde un proyecto elaborado por el Gobierno sobre la ampliación del Canal dePanamá, y que requiere de un referéndum para su aprobación final, comoseñala la Constitución Política de la República, en su artículo 325, incisofinal. En cumplimiento de esta norma, a la fecha ya se han cumplido lostrámites y requisitos necesarios para la celebración de la consulta, através de la aprobación de la Ley 28 de 17 de julio de 2006, que entre otrascosas, convoca a un Referéndum Nacional para el próximo 22 de octubre de2006.
El Faro está siendo actualmente utilizado parapromover única y exclusivamente el Sí, por lo que quienes abogamos en contradel proyecto no tenemos cabida en este medio institucional que utiliza losrecursos del Estado.
Por motivo de la propuesta de construcción de un tercerjuego de esclusas en el Canal de Panamá, la gran mayoría de los medios decomunicación del país tienen ocupados sus espacios a favor de la propuesta,promoviendo el voto afirmativo al proyecto en el referéndum. De más estádecir, que esta propuesta es impulsada por los sectores políticos yeconómicos dominantes del país, con el auspicio del actual gobierno.
Pero, el hecho fundamental objeto de esta denuncia, es laactividad que a favor del "Sí, a la ampliación" desarrolla desde hace variosmeses, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), persona jurídica autónoma deDerecho Público encargada de velar por la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá; y que porser un ente público, debe respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía.La actividad cuestionable, desde el punto de vista de la libertad deexpresión, que desarrolla la ACP a través del Boletín Informativo "El Faro",proviene de la utilización de este medio escrito para favorecer la campañadel gobierno que abiertamente milita a favor del proyecto.
El Faro es una publicación de la Autoridad del Canal dePanamá cuyo contenido deberá ser "de información general de las actividadesrelativas al Canal, su relación con la comunidad, sus aportes al Estado, sucontribución social y su contribución al mundo marítimo e internacional".
A pesar de ello, El Faro está siendo actualmente utilizadopara promover única y exclusivamente el Sí, por lo que quienes abogamos encontra del proyecto no tenemos cabida en este medio institucional queutiliza los recursos del Estado. Así, según datos proporcionados por laDirectora de Comunicación Nacional de la ACP, Maricarmen Sarsanedas, elcosto total de esta publicación asciende, para el período del 1 de octubrede 2005 al 30 de septiembre de 2006, a trescientos cuarenta y cinco mildieciséis balboas (B/. 345,016.00), que se utilizan para realizar 26ediciones al año, 93,000 ejemplares por edición quincenal. "De estos 93,000ejemplares, 11,000 son entregados a la ACP para los empleados, 41,000insertados en el Diario La Prensa, y 41,000 en el Diario Crítica, a nivelnacional."
Con estos breves antecedentes y datos, no cabe duda que ElFaro es un medio de divulgación nacional, que utilizando recursos delEstado, está violando nuestra libertad de expresión al únicamente dar cabidaa artículos, información y datos que apoyen la propuesta de ampliación de lavía interoceánica. El escenario de debate no es real y se trata de llevar aun engaño a las grandes mayorías, al no permitirse la publicación deinformación en contra de la propuesta de ampliación del Canal .
La ACP, a través de El Faro, está violando nuestrosderechos consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana deDerechos Humanos...
Igualmente, los hechos denunciados contrarian lo dispuestoen la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que señala que"las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como asítambién la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculosal libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión"(artículo 5). Asimismo, "los condicionamientos previos, tales comoveracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados sonincompatibles con el derecho a la libertad de expresión"...
De este modo, es de vital importancia el respeto de lalibertad de expresión, como derecho fundamental e inalienable, inherente atodas las personas; y que es un requisito indispensable para la existenciamisma de una sociedad democrática (artículo 1 de la Declaración dePrincipios sobre Libertad de Expresión), en momentos que la sociedadpanameña requiere de un debate democrático, participativo y respetuoso delos Derechos Humanos frente al Referéndum Nacional que se celebrará el 22 deoctubre próximo.
Agradezco de antemano el análisis que usted y su equipo detrabajo puedan hacer respecto a la situación aquí planteada, esperando apoyoy colaboración frente esta situación que nos afecta..."
Panamá América. Viernes 8 de septiembre de 2006
El faro miope
"La ACP, a través de El Faro, está violando nuestros derechos consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana deDerechos Humanos".
Miguel Antonio Bernal
ES UN hecho público y notorio que la publicación El Faroes de uso exclusivo de los partidarios del Sí al referendo, en flagranteviolación a los principios rectores de la libertad de expresión y al derechode información. Es en defensa de dichos principios, que he hecho llegar unacarta al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos Ignacio Alvarez (ialvarez@oas.org), lacual comparto con ustedes.
"... El motivo de mi misiva es para denunciar un hechoimportante y reiterado que atenta contra la libertad de expresión en laRepública de Panamá.
Como preámbulo a los hechos, debo indicar que en nuestropaís se vive un ambiente político agitado, desde que se inició la difusiónde un proyecto elaborado por el Gobierno sobre la ampliación del Canal dePanamá, y que requiere de un referéndum para su aprobación final, comoseñala la Constitución Política de la República, en su artículo 325, incisofinal. En cumplimiento de esta norma, a la fecha ya se han cumplido lostrámites y requisitos necesarios para la celebración de la consulta, através de la aprobación de la Ley 28 de 17 de julio de 2006, que entre otrascosas, convoca a un Referéndum Nacional para el próximo 22 de octubre de2006.
El Faro está siendo actualmente utilizado parapromover única y exclusivamente el Sí, por lo que quienes abogamos en contradel proyecto no tenemos cabida en este medio institucional que utiliza losrecursos del Estado.
Por motivo de la propuesta de construcción de un tercerjuego de esclusas en el Canal de Panamá, la gran mayoría de los medios decomunicación del país tienen ocupados sus espacios a favor de la propuesta,promoviendo el voto afirmativo al proyecto en el referéndum. De más estádecir, que esta propuesta es impulsada por los sectores políticos yeconómicos dominantes del país, con el auspicio del actual gobierno.
Pero, el hecho fundamental objeto de esta denuncia, es laactividad que a favor del "Sí, a la ampliación" desarrolla desde hace variosmeses, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), persona jurídica autónoma deDerecho Público encargada de velar por la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá; y que porser un ente público, debe respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía.La actividad cuestionable, desde el punto de vista de la libertad deexpresión, que desarrolla la ACP a través del Boletín Informativo "El Faro",proviene de la utilización de este medio escrito para favorecer la campañadel gobierno que abiertamente milita a favor del proyecto.
El Faro es una publicación de la Autoridad del Canal dePanamá cuyo contenido deberá ser "de información general de las actividadesrelativas al Canal, su relación con la comunidad, sus aportes al Estado, sucontribución social y su contribución al mundo marítimo e internacional".
A pesar de ello, El Faro está siendo actualmente utilizadopara promover única y exclusivamente el Sí, por lo que quienes abogamos encontra del proyecto no tenemos cabida en este medio institucional queutiliza los recursos del Estado. Así, según datos proporcionados por laDirectora de Comunicación Nacional de la ACP, Maricarmen Sarsanedas, elcosto total de esta publicación asciende, para el período del 1 de octubrede 2005 al 30 de septiembre de 2006, a trescientos cuarenta y cinco mildieciséis balboas (B/. 345,016.00), que se utilizan para realizar 26ediciones al año, 93,000 ejemplares por edición quincenal. "De estos 93,000ejemplares, 11,000 son entregados a la ACP para los empleados, 41,000insertados en el Diario La Prensa, y 41,000 en el Diario Crítica, a nivelnacional."
Con estos breves antecedentes y datos, no cabe duda que ElFaro es un medio de divulgación nacional, que utilizando recursos delEstado, está violando nuestra libertad de expresión al únicamente dar cabidaa artículos, información y datos que apoyen la propuesta de ampliación de lavía interoceánica. El escenario de debate no es real y se trata de llevar aun engaño a las grandes mayorías, al no permitirse la publicación deinformación en contra de la propuesta de ampliación del Canal .
La ACP, a través de El Faro, está violando nuestrosderechos consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana deDerechos Humanos...
Igualmente, los hechos denunciados contrarian lo dispuestoen la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que señala que"las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como asítambién la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculosal libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión"(artículo 5). Asimismo, "los condicionamientos previos, tales comoveracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados sonincompatibles con el derecho a la libertad de expresión"...
De este modo, es de vital importancia el respeto de lalibertad de expresión, como derecho fundamental e inalienable, inherente atodas las personas; y que es un requisito indispensable para la existenciamisma de una sociedad democrática (artículo 1 de la Declaración dePrincipios sobre Libertad de Expresión), en momentos que la sociedadpanameña requiere de un debate democrático, participativo y respetuoso delos Derechos Humanos frente al Referéndum Nacional que se celebrará el 22 deoctubre próximo.
Agradezco de antemano el análisis que usted y su equipo detrabajo puedan hacer respecto a la situación aquí planteada, esperando apoyoy colaboración frente esta situación que nos afecta..."
Tuesday, September 05, 2006
Many Panamanians Say No to Canal Upgrade
Many Panamanians Say No to Canal Upgrade NY Times
Correction Appended
Published: September 3, 2006
(Page 1 of 2)
PANAMA — Once the equivalent of a modern, multilane highway, the Panama Canal may be on the verge, say those who run it, of becoming something closer to an old, congested country road.
The increasing number of ships hovering off shore awaiting a chance to cross the isthmus is just one sign of the 92-year-old canal’s status as a bottleneck. On top of that, hundreds of modern superships are too wide to squeeze into the canal’s aging locks at all.
All this would seem to be evidence of the need to modernize the canal. But a government plan to do that, which Panamanians will vote on in a referendum in October, may be in danger of failing because of a host of considerations that say much about this country’s difficult past and challenging present.
The canal means everything to Panamanians, who view it as Saudis might view their oil or Kenyans their wildlife. It is what makes their tiny country stand out on the map and generates a good portion of its outside income.
For so long, though, the canal was controlled by someone else. Taking possession of it from the United States in 1999 was a source of enormous pride for Panama, especially since canal authorities subsequently dispelled fears that the withdrawal of American experts would turn it into a flop.
Nonetheless, many Panamanians intend to vote against the expansion plan, which would construct new three-step locks on either end of the canal. They intend to ignore government cries that doing so could prompt shippers to seek alternate routes and could turn the canal into an outmoded ditch.
“I’ve heard all that, and I’m still voting no,” said Tomás Drohan, who recently retired as chief engineer of the Panama Canal Authority and is a vocal critic of the expansion plan.
Although Mr. Drohan recognizes the need for a bigger canal, he predicts the project will cost considerably more than the $5.2 billion the government estimates. He also says he is sure that the corruption that pervades the upper reaches of Panamanian society will find its way into this megaproject, which is almost as large as the country’s annual $6.5 billion budget.
Such concerns about Panama’s decision makers are widespread here, prompting many to question the project, which would begin next year if approved. No one is certain just how strong the “no” movement is, but the outspokenness of the opposition has surprised those in government who had expected Panamanians to back their canal reflexively.
“This is supposedly for us, the next generation,” said Razne Pette, 26, a student leader who opposes the project. “And of course we don’t want it to become out of date. But we know the politicians in this country, and we know they are drooling at the thought of such a big project.”
President Martín Torrijos, whose government is pushing hard for a yes vote, scoffs at the notion that all politicians are corrupt. “It’s like if I said that all men cheat on women,” he told reporters recently. “Some of them do, but not all. Ah!”
Looking back provides part of the reason for the skepticism. Dictators, including Mr. Torrijos’s father, have ruled Panama for a good chunk of its history. And even the arrival of better governance, and a campaign by Mr. Torrijos to clamp down on corruption, has not wiped out the scandals or the doubts that Panamanians have about the country’s wealthy ruling clique.
Although Panama’s economy has benefited significantly from canal spinoffs, like a thriving banking sector, about 40 percent of the population lives in poverty. For them, the canal is a source of pride but one they contend benefits them little.
“You can walk around and see all the big buildings here and think you’re in Geneva,” said Miguel Antonio Bernal, a law professor and advocate who is leading the opposition. “But keep walking, and you’re in Haiti.”
Adding a third lane to the canal, which would speed up traffic, has been talked about in one form or another for decades. The United States even began excavation for such a project as early as the 1930’s, although the advent of World War II ended that expansion.
Many Panamanians Say No to Canal Upgrade
Published: September 3, 2006
(Page 2 of 2)
In the final years of American control of the canal, a joint study by the governments of the United States, Japan and Panama concluded that the canal would reach its maximum capacity in this century and that its banks needed to be widened. But the question of who would finance the effort was put off.
Luis J. Jimenez for The New York Times
An American ship took part in an antiterrorism exercise.
“The case is so compelling for it,” said Robert Pastor, director of the Center for North American Studies at American University.
The latest effort, which would allow some of the world’s largest vessels to navigate the canal with room to spare, is purely Panamanian. The government here hatched it and plans to finance it without the involvement of foreign governments.
The Bush administration has largely remained neutral, portraying the plan as a decision that is up to Panamanians. But during a visit to Panama last fall, before the latest plan was unveiled, President Bush said, “It’s in our nation’s interest that this canal be modernized.”
The plan has won the support of the maritime industry, even though shipping companies would bear much of the cost through increased fees. Bank loans would make up the rest, canal authorities say, pointing out that the canal itself would not be put up for collateral.
The government says the revenue the canal generates, which now exceeds $1 billion a year, would grow considerably with a new and improved canal. But just where that money would go remains a concern to many Panamanians.
The Torrijos administration has proposed a national dialogue on how best to spend canal revenues, but many remain suspicious that his effort would begin only after the referendum is approved.
“This vote is holding the government’s feet to the fire,” said a Western diplomat monitoring the referendum, who declined to be identified because he did have his government’s permission to speak on the topic. “It’s healthy to have the Panamanian people have a role in how the canal’s funds will be used.”
Panamanians have used past referendums to voice their discontent. But the effect of a no vote this time around remains a subject of fierce debate. Would it force the government to acknowledge the masses and begin spending canal revenue to improve education and health care, to name just a couple of areas in considerable need?
Or would it send a message to the world that Panama is unstable and that alternate trade routes might be worth exploring?
“This project is not only for the rich,” argued Alberto Alemán Zubieta, the administrator of the canal and the lead advocate of expanding it. “This is for the benefit of this country. This is like our petroleum.”
But after fervently defending the expansion project in an interview, Mr. Alemán turned philosophical and acknowledged that the ongoing debate was healthy.
“What’s beautiful about this is that whatever decision we make is being made by us,” he said. “This is about more than just building a bigger canal. We’re talking about building our country.”
Correction: Sept. 5, 2006
An article on Sunday about a coming referendum on plans to modernize the Panama Canal misstated the reason a Western diplomat was quoted anonymously when he said that Panamanians were skeptical about a promise by the government to involve them in deciding how canal income would be used. He asked for anonymity because he did not have his government’s permission to discuss the issue — not because he did have permission.
Correction Appended
Published: September 3, 2006
(Page 1 of 2)
PANAMA — Once the equivalent of a modern, multilane highway, the Panama Canal may be on the verge, say those who run it, of becoming something closer to an old, congested country road.
The increasing number of ships hovering off shore awaiting a chance to cross the isthmus is just one sign of the 92-year-old canal’s status as a bottleneck. On top of that, hundreds of modern superships are too wide to squeeze into the canal’s aging locks at all.
All this would seem to be evidence of the need to modernize the canal. But a government plan to do that, which Panamanians will vote on in a referendum in October, may be in danger of failing because of a host of considerations that say much about this country’s difficult past and challenging present.
The canal means everything to Panamanians, who view it as Saudis might view their oil or Kenyans their wildlife. It is what makes their tiny country stand out on the map and generates a good portion of its outside income.
For so long, though, the canal was controlled by someone else. Taking possession of it from the United States in 1999 was a source of enormous pride for Panama, especially since canal authorities subsequently dispelled fears that the withdrawal of American experts would turn it into a flop.
Nonetheless, many Panamanians intend to vote against the expansion plan, which would construct new three-step locks on either end of the canal. They intend to ignore government cries that doing so could prompt shippers to seek alternate routes and could turn the canal into an outmoded ditch.
“I’ve heard all that, and I’m still voting no,” said Tomás Drohan, who recently retired as chief engineer of the Panama Canal Authority and is a vocal critic of the expansion plan.
Although Mr. Drohan recognizes the need for a bigger canal, he predicts the project will cost considerably more than the $5.2 billion the government estimates. He also says he is sure that the corruption that pervades the upper reaches of Panamanian society will find its way into this megaproject, which is almost as large as the country’s annual $6.5 billion budget.
Such concerns about Panama’s decision makers are widespread here, prompting many to question the project, which would begin next year if approved. No one is certain just how strong the “no” movement is, but the outspokenness of the opposition has surprised those in government who had expected Panamanians to back their canal reflexively.
“This is supposedly for us, the next generation,” said Razne Pette, 26, a student leader who opposes the project. “And of course we don’t want it to become out of date. But we know the politicians in this country, and we know they are drooling at the thought of such a big project.”
President Martín Torrijos, whose government is pushing hard for a yes vote, scoffs at the notion that all politicians are corrupt. “It’s like if I said that all men cheat on women,” he told reporters recently. “Some of them do, but not all. Ah!”
Looking back provides part of the reason for the skepticism. Dictators, including Mr. Torrijos’s father, have ruled Panama for a good chunk of its history. And even the arrival of better governance, and a campaign by Mr. Torrijos to clamp down on corruption, has not wiped out the scandals or the doubts that Panamanians have about the country’s wealthy ruling clique.
Although Panama’s economy has benefited significantly from canal spinoffs, like a thriving banking sector, about 40 percent of the population lives in poverty. For them, the canal is a source of pride but one they contend benefits them little.
“You can walk around and see all the big buildings here and think you’re in Geneva,” said Miguel Antonio Bernal, a law professor and advocate who is leading the opposition. “But keep walking, and you’re in Haiti.”
Adding a third lane to the canal, which would speed up traffic, has been talked about in one form or another for decades. The United States even began excavation for such a project as early as the 1930’s, although the advent of World War II ended that expansion.
Many Panamanians Say No to Canal Upgrade
Published: September 3, 2006
(Page 2 of 2)
In the final years of American control of the canal, a joint study by the governments of the United States, Japan and Panama concluded that the canal would reach its maximum capacity in this century and that its banks needed to be widened. But the question of who would finance the effort was put off.
Luis J. Jimenez for The New York Times
An American ship took part in an antiterrorism exercise.
“The case is so compelling for it,” said Robert Pastor, director of the Center for North American Studies at American University.
The latest effort, which would allow some of the world’s largest vessels to navigate the canal with room to spare, is purely Panamanian. The government here hatched it and plans to finance it without the involvement of foreign governments.
The Bush administration has largely remained neutral, portraying the plan as a decision that is up to Panamanians. But during a visit to Panama last fall, before the latest plan was unveiled, President Bush said, “It’s in our nation’s interest that this canal be modernized.”
The plan has won the support of the maritime industry, even though shipping companies would bear much of the cost through increased fees. Bank loans would make up the rest, canal authorities say, pointing out that the canal itself would not be put up for collateral.
The government says the revenue the canal generates, which now exceeds $1 billion a year, would grow considerably with a new and improved canal. But just where that money would go remains a concern to many Panamanians.
The Torrijos administration has proposed a national dialogue on how best to spend canal revenues, but many remain suspicious that his effort would begin only after the referendum is approved.
“This vote is holding the government’s feet to the fire,” said a Western diplomat monitoring the referendum, who declined to be identified because he did have his government’s permission to speak on the topic. “It’s healthy to have the Panamanian people have a role in how the canal’s funds will be used.”
Panamanians have used past referendums to voice their discontent. But the effect of a no vote this time around remains a subject of fierce debate. Would it force the government to acknowledge the masses and begin spending canal revenue to improve education and health care, to name just a couple of areas in considerable need?
Or would it send a message to the world that Panama is unstable and that alternate trade routes might be worth exploring?
“This project is not only for the rich,” argued Alberto Alemán Zubieta, the administrator of the canal and the lead advocate of expanding it. “This is for the benefit of this country. This is like our petroleum.”
But after fervently defending the expansion project in an interview, Mr. Alemán turned philosophical and acknowledged that the ongoing debate was healthy.
“What’s beautiful about this is that whatever decision we make is being made by us,” he said. “This is about more than just building a bigger canal. We’re talking about building our country.”
Correction: Sept. 5, 2006
An article on Sunday about a coming referendum on plans to modernize the Panama Canal misstated the reason a Western diplomat was quoted anonymously when he said that Panamanians were skeptical about a promise by the government to involve them in deciding how canal income would be used. He asked for anonymity because he did not have his government’s permission to discuss the issue — not because he did have permission.
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